21 de abril 2026
El estudio realizado por Plan International: «Educación en alerta: Impacto de la violencia en la educación en contextos de múltiples amenazas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia» documenta cómo este fenómeno está interrumpiendo la educación de la niñez en dichos países.
El miedo al control territorial de grupos armados, la extorsión, el reclutamiento uso de niñas y niños, la violencia comunitaria, doméstica y la violencia basada en género en entornos educativos, están generando lo que los investigadores denominan «deserción silenciosa», estudiantes que dejan de asistir a clases sin que el sistema educativo registre formalmente su abandono.
Para llegar a estas conclusiones, el estudio analizó las políticas educativas de cada país, consultó a instituciones responsables de la educación y la protección de la niñez a nivel nacional y local, y recogió testimonios de docentes, directores de escuelas, familias y líderes comunitarios, así como de organismos regionales como el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE). También se realizó un análisis comparativo entre los cuatro países, para identificar patrones comunes y diferencias críticas en la forma en que la violencia afecta los sistemas educativos y la seguridad escolar a nivel regional.
El estudio documenta cómo esta problemática se expresa en cada país a través de casos concretos: en Ecuador, los homicidios de niñas, niños y adolescentes pasaron de 51 en 2019 a 391 en 2024, generando zonas de miedo que limitan el acceso a las escuelas; en Colombia, se han registrado hasta 651 estudiantes reclutados por grupos armados y 567 docentes amenazados en 2024; en Perú, aproximadamente 19,500 denuncias de violencia escolar fueron reportadas ese mismo año, y al menos 35,000 estudiantes abandonaron el sistema según datos oficiales; y en Bolivia, más de 11,000 casos de violencia sexual fueron documentados en 2024, un contexto que el estudio vincula directamente con el ausentismo y la deserción silenciosa.
“Demasiados niños, niñas y adolescentes están desapareciendo silenciosamente de las aulas porque tienen miedo. Algunos se sienten amenazados en el camino a la escuela; otros son instrumentalizados, reclutados o explotados por grupos criminales. Ningún niño o niña debería tener que elegir entre su seguridad y su educación”. señaló Carmen Elena Alemán, Directora Regional de Plan International para América Latina y el Caribe.
El estudio también identifica patrones comunes en los cuatro países, incluyendo brechas entre los marcos legales existentes y su aplicación en los territorios, así como desafíos en la coordinación intersectorial para proteger a la niñez y garantizar el acceso a la educación.
El género juega un papel determinante en la forma en que la violencia interrumpe la educación. Las niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos de violencia sexual, embarazo temprano y aumento de responsabilidades de cuidado en el hogar, mientras que los niños están más expuestos al reclutamiento y uso por parte de grupos armados o criminales.
Violeta de 11 años de Bolivia dijo: «A veces hay personas ebrias en el camino. Cuando no camino con mi hermano, intentan acosar a niñas como yo. Es menos seguro para una niña.»
Plan International hace un llamado a los gobiernos, agencias de cooperación y actores locales de la región andina a actuar sobre los hallazgos. Garantizar que la educación esté protegida y sea protectora debe ser una prioridad, mediante una coordinación más sólida entre los sectores de educación, salud, gestión de riesgos, protección de la niñez y seguridad, a través de sistemas de alerta temprana que identifiquen cuándo la violencia afecta la asistencia escolar.
Las instituciones educativas necesitan mayor preparación y equipamiento para prevenir la violencia en las aulas. Al mismo tiempo, deben asegurarse recursos para que la educación continúe incluso en contextos de crisis prolongadas. Las comunidades también necesitan planes de protección de la niñez que prioricen el derecho a la educación, adaptados a su contexto y apoyados en sus propios recursos, vinculando la seguridad escolar con la participación local.
“Proteger la educación en contextos de violencia requiere que los gobiernos fortalezcan la coordinación entre instituciones, protejan las escuelas y las rutas escolares, y garanticen que las comunidades tengan los recursos necesarios para mantener a los niños, niñas y adolescentes aprendiendo”, añadió Alemán.
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