12 de marzo 2026
En un diálogo virtual que reunió a legisladores y jóvenes activistas de América Latina, se analizaron los avances legales, las barreras persistentes y las acciones necesarias para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas en la región.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas no han disminuido en 25 años1, y se proyecta que para 2030 alcanzará la segunda tasa más alta en el mundo2. Esta problemática vulnera los derechos de las niñas, limitando el acceso a la educación, aumentando el riesgo de violencia y perpetuando ciclos de pobreza.
Ante esta realidad, Plan International convocó un diálogo regional que se llevó a cabo el 10 de marzo 2026 en el marco de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), en el que participaron legisladores de Colombia, Paraguay y Bolivia, junto con jóvenes activistas de Guatemala y Bolivia, quienes hicieron un llamado urgente a fortalecer las reformas legales y las políticas públicas para garantizar que ninguna niña vea truncado su futuro. “Las soluciones no son solo legales; deben ser sociales, económicas e impulsadas desde las comunidades» dijo Reena Ghelani, Directora Ejecutiva Global de Plan International durante sus palabras de apertura del diálogo regional.
El diálogo fue co-patrocinado por Global Affairs Canada. Jevone Nicholas, director de la División de Igualdad de Género de esa entidad, quien señaló que acabar con los matrimonios infantiles “no es solo lo correcto, sino que constituye una política económica y social inteligente”, y reafirmó el respaldo de su país a estos esfuerzos en la región.
Voces legislativas desde Colombia, Bolivia y Paraguay
Durante el panel, legisladores de Colombia, Bolivia y Paraguay compartieron sus experiencias en reformas contra el matrimonio infantil en la región. Coincidieron en que el matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen profundamente arraigados y normalizados en sus sociedades y señalaron que, aunque los avances legislativos son fundamentales, las leyes por sí solas no bastan sin presupuesto, implementación efectiva y políticas públicas sostenidas.
En Colombia, la congresista Alexandra Vásquez, coautora de la ley “Son niñas, no esposas”, recordó que la aprobación de la misma enfrentó una fuerte resistencia y tomó ocho intentos legislativos. “Durante mucho tiempo se normalizó el matrimonio infantil bajo la premisa de los derechos individuales”, señaló. Destacó además que la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso legislativo fue clave para romper esa resistencia y exigir una vida digna y libre de matrimonios infantiles.
En Bolivia, el diputado Marcelo Solís explicó que la reciente reforma eliminó las excepciones que permitían el matrimonio desde los 16 años con autorización de los padres, ignorando que supone una vulneración a los derechos de las niñas. ‘También nos preocupa la creciente naturalización de delitos de carácter sexual que van acompañados de esta problemática’, señaló, lo que ejemplificó con datos de la fiscalía general que reflejan un promedio de 10 a 12 delitos sexuales diarios en el país. Frente a ello, desde la Comisión de Derechos Humanos también impulsan iniciativas para fortalecer el acceso a la justicia de niñas víctimas de delitos sexuales.
En Paraguay, la diputada Dalia Estigarribia, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, presentó el proyecto que busca derogar los artículos del Código Civil que aún permiten el matrimonio infantil. “Es preocupante porque en Paraguay se normaliza, como si fuera culturalmente aceptado o una costumbre, que mujeres jóvenes y niñas estén en uniones tempranas o en matrimonio. Y lo más preocupante es que esto está arropado bajo un marco legal”, señaló.
Las jóvenes activistas de Guatemala y Bolivia tuvieron un rol protagónico en el diálogo. Ambas insistieron en que, ante el matrimonio y uniones tempranas y forzadas, las respuestas deben construirse con la participación directa de niñas y adolescentes, cuyas voces necesitan tener mayor protagonismo en la formulación de leyes y políticas públicas. «es importante que para nosotros como juventudes que no se puede hablar de nosotros sin nosotros”. Dijo Gissel, de 18 años, coordinadora de la Red Tú Decides de Bolivia y exigió que se dejen de usar los discursos de cultura y tradición para escudar prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes».
Ailín de 16 años, integrante de la Red Juventudes en Acción de Guatemala afirmó que “ellas necesitan que su voz sea escuchada, que su voz sea tomada en cuenta y necesitan prepararse para que puedan tomar cargos importantes en un futuro”. Y destacó que el liderazgo de las niñas en todos los espacios impacta la vida de otras niñas.
Débora Cobar, representante de Plan International ante la ONU añadió «El escuchar a las niñas y ver sus logros nos motiva que lo que hacemos lo hacemos por algo justo y que sí se puede avanzar»
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